CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA, CONALMINERCOL
COMITÉ NACIONAL DE PARO
Medellín, 21 de julio de 2013
GOBIERNO BLOQUEÓ POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CON LOS MINEROS
En el día de hoy, a las 2:00 pm en la Gobernación de Antioquia, el Comité Nacional de Paro, con sus 25 negociadores provenientes de todas las regiones que hoy participan de este derecho democrático, se sentó nuevamente con delegados del Gobierno Nacional, buscando una negociación que conjure el Paro Nacional Minero.
El Gobierno, en cabeza del Viceministro del Interior, Dr. Carlos Eduardo Gechen, bloqueó cualquier posibilidad de discutir el Pliego de Peticiones, presentado el 12 de julio. Esto ocurrió a pesar de que en la mesa de negociación también se encontraban funcionarios de varios ministerios, con ánimo de discutir nuestra propuesta, consistente en hacer un reconocimiento a la minería informal y derogar el decreto 2235, entre otros puntos esenciales.
Frente a este hecho, el Comité Nacional de Paro, declara que:
1. Ante la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para negociar una solución real a nuestro conflicto.
2. En defensa de la única posibilidad de vida que tenemos.
3. Ante la falta de alternativas económicas para sostener a nuestras familias, excepto la única que conocemos y hemos realizado de manera ancestral y tradicional.
Comunicamos a los mineros nacionales artesanales, pequeños y medianos y a la opinión pública en general, que no tenemos otra opción que mantener el paro nacional indefinido, pacífico y civilizado, como ha sido nuestra orden desde el llamamiento que hicimos el pasado 5 de mayo.
Invocamos a la solidaridad del pueblo colombiano y al
acompañamiento y protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, así como a todos los organismos de derechos humanos que tienen presencia en nuestro país.
Finalmente, como lo hemos expresado persistentemente, mantenemos nuestra voluntad de sentarnos a negociar con altos funcionarios del gobierno.
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA, CONALMINERCOL
COMITÉ NACIONAL DE PARO
lunes, 22 de julio de 2013
domingo, 21 de julio de 2013
Antes de que el arco se rompa
Por: William Ospina
Ante las justas protestas de los campesinos del Catatumbo, abandonados por décadas de negligencia estatal en manos de las guerrillas, de los paramilitares, de las multinacionales, de la minería salvaje y de los rigores del clima; ante el clamor de unos campesinos que reclaman inversión social y una zona de reserva campesina aprobada por la Constitución, que muchos consideran la solución a algunos de los problemas del campo colombiano, Santos, con la arrogancia de la vieja aristocracia, con la soberbia clásica de los gobernantes de este país, está permitiendo que una crisis de días se convierta en un problema humanitario de mayores proporciones.
Tenía la oportunidad de decir a los manifestantes: “Todavía no sabemos cuáles puedan ser las ventajas y las desventajas de esas zonas de reserva campesina, pero esta es una excelente oportunidad de poner a prueba un proyecto piloto con inversión pública, presencia del Estado y vigilancia de los medios y de la comunidad internacional, para que no se diga que estas decisiones sólo las podemos tomar de acuerdo con las guerrillas y después de largas discusiones con ellas. En breve tiempo podremos ver si es verdad, como dicen sus adversarios, que se pueden convertir en focos de conflicto, o si, como dicen sus defensores, permiten el desarrollo de una economía comunitaria que por fin ayude a los campesinos a salir del aislamiento y de la miseria, y los incorpore a la sociedad y a la modernidad”.
A lo mejor esa decisión permitiría trabajar conjuntamente con los campesinos en crear un laboratorio de solución de conflictos donde es más importante: a nivel local. Porque tal vez tanto el Gobierno como la guerrilla se equivocan pensando que la paz se puede construir primero en papeles en una mesa y después trasladarla mecánicamente a las provincias.
La paz se construye con la comunidad, allí donde están los problemas: la necesidad de una economía familiar, la necesidad de una agricultura integrada a los desafíos de la época, la necesidad de un modelo de seguridad del que formen parte la confianza ciudadana, la opinión de las personas y las oportunidades reales de progreso.
Es, por supuesto, urgente que las armas se silencien y que este maligno conflicto de 50 años, nacido de la arrogancia del poder y del desamparo de las comunidades, un conflicto que se ha ido degradando y envileciendo por la dinámica normal de una guerra bárbara y eterna, termine por fin, para sosiego de los humildes hogares campesinos que lo padecen, de las jóvenes generaciones que son inmoladas en él, y para que puedan arrancar la modernización y la prosperidad del país.
Santos no debería desconfiar tanto de sus propias decisiones. Está dialogando en La Habana con los insurgentes, pero teme que sus críticos desde el guerrerismo lo acusen de ser débil, por hacerles concesiones a unos campesinos que es evidente que han padecido no sólo la guerra, sino el modo insensible y arrogante como se gobernó el país por todo un siglo.
Debería no poner a depender todo de la negociación. Aquí muchos saben que si el Estado, por su propia iniciativa, hubiera tomado la decisión de modernizar el campo y de abrirles un horizonte de justicia a millones de seres humildes en toda la geografía nacional, no tendría que estar pactando ahora cosas tan elementales con unos ejércitos insurgentes.
Yo creo que el Gobierno colombiano representa muy parcialmente a la sociedad colombiana, pues aunque es elegido por millones de personas, suele gobernar para los intereses de muy pocos. Pero aun así, creo que el Gobierno representa a muchas más personas que la guerrilla: en esa medida está en la facultad de tomar grandes decisiones benéficas por sí mismo, y si no lo ha hecho históricamente ha sido por torpeza, por ignorancia, por soberbia o por desprecio a la comunidad.
Además, ¿por qué creer que se les están haciendo concesiones a las personas? El país es de la gente. La decisión de ayudarles a los pobres a vivir mejor, la decisión de escuchar sus clamores de angustia, y de manejar con serenidad y con respeto sus estallidos de desesperación, no es debilidad, es fortaleza. Significa que el Gobierno sabe que está gobernando para resolver problemas, no para satisfacer su arrogancia.
Gentes que lo han tenido todo, como las que nos gobiernan, no saben lo que es estar en el desamparo, en la falta de horizontes, en la tiniebla de la incertidumbre y de la soledad. ¿Por qué mirar siempre el dolor de los pobres, que los lleva a afrontar a veces riesgos tremendos, como una expresión de maldad, como algo que obedece siempre a un libreto infernal? Pobre democracia la que obedece a semejantes prejuicios, y la que se eterniza en esas terquedades y en esas arrogancias.
Juan Manuel Santos ha desperdiciado una oportunidad de mostrarse generoso, de mostrarse estadista, de mostrar que es capaz, si no de sentir, por lo menos de imaginar el estado de postración en que vive el pueblo al que gobierna. Pero a lo mejor todavía está a tiempo de asumir una actitud más inteligente. En vez de esperar que, uno tras otro, le estallen los incendios de la inconformidad popular, que el país se reviente entre sus manos como el arco del viejo rey nórdico, podría asumir esta posición que me parece la más sensata.
No se le ha ocurrido a él. Pero también saber escuchar forma parte del arte de gobernar.
No levantarán paro campesino del Catatumbo si el Gobierno no va a la zona
Pese a todas las declaraciones del gobierno en el sentido de que no habrá diálogo mientras persista el paro campesino del Catatumbo, los manifestantes advirtieron que no se moverán. A nombre de los campesinos habló el dirigente César Jerez, de quien el gobierno ha dicho que tiene nexos con las FARC. Jerez dijo que la actitud de Santos recuerda la de Álvaro Uribe, justificando la fuerza antes que el entendimiento.
César Jerez, vocero de los campesinos del Catatumbo advirtió hoy que no levantarán el paro como lo exigió el presidente Juan Manuel Santos para poder dialogar y llegar a acuerdos con los labriegos.
Según César Jerez “la propuesta consultada con las bases campesinas de esta movilización es si continuarán o no los bloqueos. La gente votó y continuarán hasta tanto el Gobierno no entre en sensatez y envie un equipo coherente para dialogar”.
Jerez dijo que el Gobierno puede declarar la emergencia económica en el Catatumbopara evitar que la crisis humanitaria se agudice.
“Santos nos recuerda a los tiempos del desquiciado Álvaro Uribe justificando salidas de fuerza para todo, con el cuento de la infiltración y Justificar la fuerza y represión de la movilización campesina”, afirmó Jerez.
El Gobierno reiteró que no hablará con los campesinos hasta tanto no desbloquen las vías en Tibú. El vicepresidente Angelino Garzón aseveró que “las vías de hecho no las aceptamos, esperamos que reconsideren sus acciones”.
Los comerciantes criticaron que los marchantes les impidan pasar sus alimentos de Tibú a otros municipios y veredas.
Los líderes del paro advirtieron que el sobrevuelo de aeronaves de las Fuerzas Armadas en la zona puede desencadenar fuertes disturbios.
El gobierno dirá si envía o no una nueva comisión para que hable con los labriegos del Catatumbo.
sábado, 20 de julio de 2013
Cepeda propone mesa de concertación nacional para buscar solución a crisis social
A raíz de las movilizaciones y paros de los sectores agrario y minero que se vienen produciendo en todo el país, el representante Iván Cepeda le planteó al Gobierno que cree una mesa nacional para el diálogo social, donde se sienten delegados de las organizaciones que componen las protestas y delegados del Ejecutivo, con el fin de encontrar soluciones concretas y viables.
BOGOTÁ, 18/07/2013. El representante ala Cámara, Iván Cepeda Castro, señaló que para resolver la difícil situación humanitaria y social que se viene presentando en todo el país como consecuencia de las políticas que afectan al sector agrario y a los pequeños mineros, el Gobierno Nacional debe instaurar un diálogo social nacional que incluya voceros del paro en la región de Catatumbo, voceros del paro minero y de otros sectores inconformes, de manera paralela a las conversaciones de paz en La Habana.
“No basta con un diálogo en La Habana, es necesario un diálogo social paralelo como se ha vivido en otros procesos de paz, como es el caso de Irlanda del Norte. Al tiempo que se habla con los actores armados para la terminación del conflicto, se tiene que dialogar con las comunidades afectadas por la desigualdad, la pobreza y el olvido estatal en las regiones apartadas del país”, precisó Cepeda.
El congresista advirtió que la respuesta del Gobierno a las protestas no puede ser la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza, sino que debe ser la atención a las necesidades que tienen estas poblaciones en materia de inversión en programas de desarrollo, infraestructura, educación y salud.
Para el representante, la mesa nacional para el diálogo social debe empezar por tratar las problemáticas agraria y minera, y luego extenderse a otros aspectos que afligen a muchas otras comunidades rurales.
Campesinos del Catatumbo invitan al presidente a dialogar
Los líderes de la marcha campesina propusieron hoy al presidente Santos, sentarse a dialogar, para levantar la protesta que cumple 40 días en el Norte de Santander.
Cesar Jerez, uno de los manifestantes dijo que persiste la voluntad, y que es el gobierno quien ha condicionado la situación, al
levantamiento de los bloqueos, pero que la comunidad lo que quiere es una
verdadera intervención social en el área.
Los manifestantes han planteado que los acuerdos deben estar
orientados a marcar una ruta para definir el futuro de la reserva campesina, un
plan de sustitución de cultivos ilícitos con otorgamiento de subsidio para las
familias que derivan su sustento de esa actividad, planes de desarrollo
acompañados de Naciones
Unidas, y una veeduría que acompaña el cumplimiento de
estos acuerdos.
Además exigen que haya garantías jurídicas para todos los
voceros líderes y campesinos que participan en la movilización.
La situación en la zona rural de Tibú sigue siendo tensa
producto del aumento de la fuerza pública y de los bloqueos en la que han
generado disturbios con los escuadrones antimotines que evitan el ingreso de
los manifestantes al casco urbano.
Los Hijos del Catatumbo - Documental.
"Nosotros somos los hijos del Catatumbo, hijos de la violencia paramilitar que se gesto en la región del Catatumbo entre los años 1999- 2005, muchos acá somos huérfanos, nos mataron a nuestros padres, hermanos, amigos y vecinos.
Hoy día la gente pregunta por qué no ven al típico campesino de sobrero, botas y machetilla y por el contrario por qué hay tanto pelao; ellos estarían aquí luchando con nosotros si no los hubieran asesinado, estaríamos todos, porque en el Catatumbo luchamos juntos cuando es por la tierra. Pero hoy estamos los hijos del Catatumbo en una sola voz por la Constitución de la Zona de Reserva Campesina.
Salimos a reclamar nuestros derechos y proyectos productivos para mejorar nuestra calidad de vida, pero lo que nos dieron fue bala, asesinándonos y callando las voces de cuatro humildes jóvenes campesinos, sin embargo; tomamos la banderas de ellos y seguiremos en la lucha campesina por que en Medio de la Violencia Reflorece el Catatumbo."
sábado, 6 de julio de 2013
Carta de una campesina del Catatumbo al Presidente...
Señor Presidente: Me gustaría tenerlo enfrente de frente a mí para que me lo diga en mi cara que soy guerrillera. No los soy, ninguno de nosotros es guerrillero. Somos gente trabajadora, campesinos que tratamos de vivir con lo que se pueda.
No es fácil vivir aquí. No podemos sacar los productos, las carreteras, si es que se le puede llamar carreteras a esos caminos, están horribles. Fuera de eso, las cosas que cultivábamos no nos producen sino pérdidas porque a la gente le sale más barato comprar las cosas importadas por el gobierno.
Tenemos hijos chiquitos y tenemos que alimentarlos. Muchas veces nos toca que raspar la hoja para ganar el sustento. Y tampoco en eso ganamos lo suficiente. Me gustaría mucho que usted y su esposa vinieran y que nosotros les mostremos cómo vivimos, cómo están las escuelas, con los niños comiendo en el suelo. No tenemos la posibilidad es de nada, presidente.
Por eso estamos luchando y la repuesta ha sido muy horrible, muertos y heridos otra vez. Tenemos cuatro muertos y heridos y enfermos. Yo no quisiera seguir en este paro, es muy duro, mi familia está aguantado hambre, pero tenemos que luchar o si no, no conseguimos es nada.
Presidente usted tiene corazón? Usted tiene hijos y me gustaría que me dijera en la cara como hubiera sido su vida si ellos no hubieran tenido oportunidades de estudio y de trabajo. Que les hubiera tocado hacer?. A toda hora rebuscándosela.
Por aquí lo único que se cuida es el petróleo. El ejército está con tanquetas para cuidarlo. Y a nosotros quien nos cuida? Nadie. Dése de cuenta señor, que a nosotros nadie nos cuida. Los únicos que se preocupan por nosotros son los dirigentes que están dirigiendo el paro.
Por eso les hacemos caso porque ellos saben que lo que se necesita por aquí es un plan de desarrollo, que ya lo tenemos y unas reservas campesinas con tierra para que podamos nosotros mismos erradicar la mata y volver a sembrar, pero en mejores oportunidades.
Dése de cuenta que somos gente trabajadora. Si fuéramos guerrilla usted cree que el ejército hubiera podido estar aquí tranquilo cuidando cada metro de tubo? No señor, ya se hubieran encendido a plomo.
Yo lo invito a usted y a su señora para que vengan por aquí y estén con nosotros un solo día de 24 horas para que vea como son las vainas. Resuelva esto que en sus manos está. O si no, de cual paz es de la que habla? La paz es aquí también con nosotros en esta tierra que nos vio nacer.
Yo sueño con un Catatumbo en Paz, no siga diciendo a toda ahora que somos terroristas. No sea mentiroso presidente, Usted sabe que esa no es la verdad. Me llamo Margarita y me encuentra en el Paro.
Si decide venir, avíseme y le preparamos una agua de panela, o cualesquier cosa, porque nosotros sabemos atender la gente, sobre todo cuando viene a arreglar las cosas, a las buenas.
MARGARITA, CAMPESINA EN EL PARO DEL CATATUMBO
CATATUMBO RESISTE!
viernes, 5 de julio de 2013
PTD condena agresión de países europeos contra Evo Morales
El impedimento de vuelo al
avión que trasportaba al presidente de Bolivia, Evo Morales, a su regreso desde
Moscú, constituye una acción violatoria del derecho internacional que puso en
peligro la vida del gobernante de una nación democrática, afirmó el Presidente
del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).
Hablando
a nombre del Comité Político de esa organización, José González Espinosa dijo
que las acciones de varios gobiernos de Europa, entre ellos
Francia y Portugal, principalmente, a las que de alguna manera se sumaron
otros, son a todas luces repudiables, por lo que deben ser condenadas
enérgicamente por todas las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo.
“La
responsabilidad de esa violación cae por entero en el gobierno de los Estados
Unidos en su afán de perseguir implacablemente a quien ha tenido la osadía de
denunciar el caliesaje internacional que practica la administración del
presidente Barack Obama, sobre numerosos países incluyendo a sus más fieles
aliados, expresó en franca alusión a las revelaciones del ex agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), Edward Snowden.
Las
revelaciones del ex agente han creado revuelo en todo el mundo, porque refieren
espionaje en numerosos países, que incluyen a gobiernos, instituciones y
ciudadanos, y hasta a los propios norteamericanos.
Considera
el PTD que el hecho de que varios países cerraran el espacio aéreo al avión que
transportaba al gobernante boliviano, fue un acto de sometimiento de tipo
neocolonial que pone en entredicho el carácter soberano que debe prevalecer en
todos los estados en atención al espíritu y la letra de la Carta de las
Naciones Unidas que garantiza la libertad de tránsito para fines civiles.
“Por
lo tanto, repudiamos las acciones cometidas por los gobernantes de esos países,
en el entendido de que no pueden ser justificadas en lo más mínimo, a la luz de
la razón y el derecho internacional, y las normas de convivencia internacional,
expresó González Espinosa.
El
también ex Senador de la República llamó a las organizaciones y gobiernos
progresistas y revolucionarios de toda Latinoamérica a condenar la agresión de
que fue víctima el presidente Morales.
viernes, 28 de junio de 2013
No "falta Estado": faltan derechos, sobra represión
CATATUMBO
Por: José Antonio Gutiérrez D
La brutal respuesta que el Estado colombiano, capitaneado por Juan Manuel Santos, ha dado a la movilización legal, pacífica y constitucional de los campesinos en el Catatumbo, nos ha dejado francamente sin palabras. Desde luego que estamos familiarizados con este tipo de represión: el Estado viene desde hace seis décadas haciendo esto y cosas mucho peores en contra de las masas populares cada vez que, hastiadas de su marginalización y de los atropellos cotidianos que padecen, se alzan gritando “Basta”. Sin embargo, la persistencia de la protesta campesina que ha agrupado a alrededor de 15.000 personas, la militarización de la región, la represión feroz, han sido debidamente documentadas por un medio de comunicación popular, la Agencia Prensa Rural, que ha hecho una meticulosa y descarnada cobertura de estos eventos, que la mayoría de los medios o pasan de agache o muestran desde el ángulo de los poderosos. ¿Cómo no estremecerse al presenciar, ante las cámaras, el cobarde asesinato de un campesino que, jadeando, angustiado, gritaba que le habían dado un tiro certero al corazón, mientras se desangraba ante las cámaras? [1] Pocas imágenes en mi vida –y no he visto poco- me han arrugado el alma de esa manera.
¿Qué quieren los campesinos movilizados? La prensa oficial no explica nada. La editorial de hoy de El Espectador, por ejemplo, distorsiona lo que piden los campesinos diciendo que éstos piden que el gobierno, supuestamente, “restablezca la institucionalidad perdida” [2]. No, esto no es así. Las propuestas de los campesinos han sido emitidas en propuestas bastante claras y se han enfrentado a la oposición irreductible y soberbia del establecimiento:
1. Piden el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), figura constitucional con base en la Ley 160 de 1994. Ellos han hecho todos los trámites pertinentes y lo único que ha impedido la declaración de la ZRC en el Catatumbo, es el veto ilegal del ministro de defensa que considera a esta zona como un área estratégica para su estrategia de contrainsurgencia. Lucho Garzón, quien preside una comisión para dialogar con los manifestantes, también ha expresado su rotunda negativa a la declaración de la ZRC, la principal demanda del campesinado [3].
2. Piden que se pare la erradicación forzada de la coca, única fuente de subsistencia que tienen los campesinos en la zona, mientras no se les den alternativas viables.
3. Piden que se apruebe y se financia el Proyecto de Desarrollo Sostenible desarrollado por los propios campesinos que provee, precisamente, esas alternativas.
4. Piden fondos de emergencia para enfrentar la crisis alimentaria, porque no hay alternativas económicas y porque no se está sembrando cultivos de pan coger.
5. Piden un freno a la Locomotora Minera, que amenaza la existencia misma del campesinado en la región.
6. Piden que se termine la militarización de la región, que ha conllevado, como en todas las zonas de consolidación militar, toda clase de abusos y atropellos contra la población [4].
Las medidas que piden los campesinos son claras, ¿por qué entonces la citada editorial de El Espectador insiste que lo que urge es “presencia estatal”? No es sólo El Espectador. Casi todos los medios de prensa, repiten hasta el cansancio esa formulita trillada, que supuestamente lo explicaría todo, pero que no explica nada en realidad: el Catatumbo sufre de “ausencia de Estado”. Sólo Tatiana Acevedo, en una de las columnas más certeras que he leído en El Espectador, va a contravía de estas verdades incuestionables, al afirmar lo obvio:
“el Catatumbo está hoy pleno de Estado. En Ocaña hay notarios. En Tibú, también. Y hay fiscales, cárceles, decenas de exagentes del DAS, oficinas, papelería membretada, sellos, huelleros, filas para asistencia social. Hay utensilios para la fumigación con glifosato, ICBF, helicópteros, consultores con contrato de prestación de servicios, caballería mecanizada, fuerza de élite ‘Vulcano’, ‘blanco legítimo’. Batallones de infantería, de artillería, de ingenieros, de servicios para el combate, de plan energético y de contraguerrillas (…) Hubo rehabilitación, Plan Colombia y (ahora) Consolidación (…) Miles de funcionarios públicos ejecutan billones para borrar hectáreas y flexibilizan normas, para promover actividades mineras o agroindustriales. Tras décadas de guerra, no es que el Estado no haga presencia, como reza el lugar común de toda noticia sobre el Catatumbo. Por el contrario, se fortalece un Estado colombiano (…) Quizá en vez de un sentimiento de abandono, hay uno de hastío y rabia por la forma en la que el Estado lo tomó.” [5]
Una de las peores groserías en este sentido, la enuncia El Espectador en su editorial cuando dice incluso que el paramilitarismo que azotó a la zona dejando más de 10.000 muertos, fue consecuencia de esa mítica “ausencia del Estado”. Está probado, hasta la saciedad, por investigadores serios como el padre Javier Giraldo que el paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado, oficial, desde la década de los ’60 [6]. Como decía yo mismo en un artículo previo: “Donde ciertos observadores han equiparado de manera simplista el control paramilitar con la “ausencia del Estado”, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la expresión más extendida así como perversa del Estado, con poderes plenipotenciarios y dictatoriales.” [7]
Lo que se necesita no es más Estado, sino más derechos, más comunidad, más tejido social, más vida, menos represión. Pero al confundir los términos, los medios, a la vez que juegan al policía bueno, distraen la mirada de la opinión pública de lo que realmente está en juego en el Catatumbo.
En primer lugar, está en juego el pulso entre el modelo económico impulsado desde el Estado, que privilegia a los agro negocios y las inversiones minero-extractivas, y las necesidades de las propias comunidades que buscan un modelo de desarrollo sostenible para la región, y que, en ausencia de alternativas, buscan al menos ser capaces de sostenerse mediante el cultivo de coca, que es lo que tienen de momento.
En segundo término, está en juego la voluntad de paz real del gobierno, que va de la mano de la solución de los problemas estructurales que enfrenta sobretodo el campesinado, que constituye la base social de apoyo principal de la insurgencia. La paradójica situación de negociar en medio del conflicto, es muy cómoda para el gobierno de Santos, que puede tener en una mano la rama de oliva y en la otra el garrote. Como explicaba en un artículo reciente:
“El gobierno de Santos busca modernizar, pero modernizar sin pueblo que pueda alterar el contenido neoliberal y oligárquico de su proyecto. Es por ello que el gobierno, mientras adelanta las negociaciones en La Habana, se encarga de reprimir, perseguir, encarcelar, desplazar, asesinar, bombardear y desaparecer a las fuerzas vivas que pueden hacer carne un acuerdo de modernización favorable a los intereses populares del campesinado. Al igual que los regímenes fascistas, nunca se ataca una medida legal progresista, sino que se ataca directamente al movimiento que la sustenta (…) El ataque sistemático y alevoso que estamos presenciando contra el movimiento campesino es un ataque frontal contra el proceso en La Habana” [8].
Para justificar esta represión, esta persecución y estos cobardes ataques, personeros de gobiernos, de las fuerzas represivas y el propio presidente, señalan a las manifestaciones de estar “infiltradas” por la guerrilla… ¡Cómo si a los campesinos no les sobraran razones para manifestarse! El tema en realidad es otro: es el trato militar, fundamentalmente represivo, que tradicionalmente da el Estado a la protesta social. La misma editorial de El Espectador reconoce que “Sin duda se trata de una zona de influencia guerrillera, pero también se trata de una región donde los campesinos piden soluciones que no son descabelladas”. A propuestas para nada descabelladas, el gobierno responde hiriendo a decenas de campesinos, algunos de ellos con amputaciones, asesinando a cuatro campesinos a bala, arrojando granadas de fragmentación, destruyendo las posesiones de los campesinos, incendiando ranchos, saqueando el comercio local.
Precisamente, con el fin de garantizar los mecanismos legales que faciliten la destrucción del movimiento campesino, que es, en última instancia, el único que puede hacer realidad los acuerdos que salgan de la mesa de negociaciones, es que se ha aprobado el fuero militar en el parlamento. De alguna manera, podríamos decir que la represión en el Catatumbo es el bautizo de esta nueva medida según la cual la población civil se convierte en un blanco legítimo del Ejército. Gustavo Gallón, en un agudo análisis de los alcances del fuero militar, plantea que:
“si el soldado en armas mata a un civil, el proyecto de ley estatutaria señala que debe presumirse que lo hizo de buena fe, y la licitud o no de dicha muerte deberá valorarse (…) no según las normas de derechos humanos que prohíben matar civiles. El principio de proporcionalidad, como está definido en la ley, autoriza ‘causar daños a personas y bienes civiles’ siempre que no sean ‘manifiestamente excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa prevista’. ¿La jurisdicción militar considerará excesivas las muertes de los dos manifestantes de Ocaña el pasado fin de semana?” [9]
La sangre no se lava. Es indeleble. Señor Santos: tiene usted sus manos untadas con la sangre de cuatro campesinos que reclamaban sus derechos más esenciales. Sus nombres son Dionel Jácome Ortiz, Edwin Franco Jaimes, Diomar Angarita y Hermidez Palacio. Para usted quizás sean meras estadísticas de un conflicto que todavía cree que podrá manejar como una partida de póker. Para nosotros no: ellos no son números, sino compañeros, hermanos, vecinos, padres, amigos, hijos, esposos y amantes, compadres, seres humanos a los que la brutalidad del Estado les arrebató la vida, poco después de que usted lanzara esos señalamientos como una auténtica pena de muerte sobre ellos y sobre todos sus compañeros. Nosotros no los olvidaremos. A esta altura, ya no es suficiente con la mesa de interlocución para solucionar algo que debió haberse solucionado hace años. Esta vez también tocará exigir justicia. Porque la vida de los campesinos no es moneda de cambio por reformas. Porque no estamos dispuestos a aceptar a un solo muerto más por la represión contra quienes piden lo justo. Porque la vida de los campesinos también vale. Porque el terrorismo de Estado ya no puede seguir en la impunidad, es por ello que exigiremos justicia contra los que dispararon y contra los que dieron la orden. A nivel regional, departamental y nacional. Caiga quien caiga.
27 de Junio, 2013
jueves, 27 de junio de 2013
miércoles, 26 de junio de 2013
lunes, 24 de junio de 2013
Catatumbo: Tragedia anunciada puede continuar
Leonel Jácome y Édinson Franco fueron asesinados en Ocaña (Norte
de Santander), y otros 8 campesinos resultaron heridos de bala, el pasado
sábado 22 de junio, a causa de los disparos de fusil con los que el Ejército
Nacional arremetió contra la manifestación campesina que se encontraba en
cercanías del aeropuerto de ese municipio.
Los asesinatos se enmarcan en las
protestas que, durante dos semanas, han protagonizado más de 4.600 habitantes
de Tibú en contra de las políticas del alcalde Gustavo León Becerra y de la
movilización de más de 7.000 campesinos del Catatumbo –región ubicada al
noreste del departamento y que comprende zonas rurales de los municipios de El
Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Tibú– que exigen,
entre otros asuntos, la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de
cultivos de coca, la ejecución de un programa de sustitución gradual y
concertada, y la declaración inmediata de la zona de reserva campesina del
Catatumbo.
Tragedia anunciada puede continuar
Desde hace dos semanas se han
realizado dos protestas en Norte de Santander que pueden parecer la misma pero
no lo son. En la primera, iniciada el 8 de junio, los habitantes del casco
urbano de Tibú vienen bloqueando las vías que comunican el municipio con Cúcuta
y Ocaña, mientras en la segunda, surgida apenas 3 días después, la protesta
campesina se ha concentrado en la vía hacia Ocaña por el incumplimiento
reiterado del gobierno en los temas concertados en la Mesa de Interlocución y
Acuerdo.
Las protestas alcanzaron tal
punto que, el pasado miércoles 19 de junio, el Gobierno Nacional envió a la
región una comisión de alto nivel a dialogar con los manifestantes, que incluía
al ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán; a la gerente del Incoder,
Miriam Villegas; y al gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Sin
embargo, a la hora de buscar acuerdos para solucionar la crisis que se presenta
en esta región, extremadamente rica en recursos minerales y petroleros, la
exigencia de los representantes del Estado para que estuvieran presentes los
generales Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Vulcano’
del Ejército, y Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la
Policía, llevó a que los campesinos se levantaran de la mesa, pues, según la
Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), en más de 4 años de trabajo en
la Mesa de Interlocución y Acuerdo nunca se hizo necesaria la presencia de
representantes de la Fuerza Pública y que ahora esa presencia resultaba en un
factor de tensión por los excesos de fuerza, detenciones arbitrarias, torturas,
saqueos y otras violaciones de derechos humanos que los uniformados vienen
cometiendo en la zona para reprimir la protesta de las comunidades.
Como resultado de la negativa de
los campesinos a aceptar las condiciones que les imponía el gobierno, siguieron
los bloqueos y las protestas. Por su parte, el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(Esmad) de la Policía Nacional continuó lanzando –incluso desde helicópteros–
gases lacrimógenos, balas de goma, granadas de dispersión y explosivos hechizos
en contra de los manifestantes, de acuerdo con el registro en terreno de
distintos periodistas, generando graves lesiones a varios campesinos, incluída
la mutilación de una mano de uno de los labriegos y un pie de otro, y a 2 de
los 6 uniformados que han resultado heridos en los ya 16 días de tensión en el
Catatumbo, según informan testigos.
El viernes, durante una ceremonia de ascensos en la escuela de
oficiales de la Policía, el presidente Santos señaló que las protestas en el
Catatumbo están “infiltradas por la guerrilla” y ordenó el envío de refuerzos de
Ejército y Polícía a la zona para que “mantengan el orden [...] la Fuerza Pública seguirá actuando en
todo el territorio nacional con toda la contundencia, sin descansar un solo
minuto”.
Ante este anuncio, el sábado los
campesinos decidieron tomarse pacíficamente el aeropueto de Ocaña, donde están
desembarcando los uniformados, para así evitar que un aumento del pie de fuerza
resultara en nuevas agresiones en su contra. Allí, hacia las 11 am, fueron
recibidos por miembros del Ejército, que les advirieron que abrirían fuego en
su contra si llegaban a acercarse al cercado perimetral del aeródromo.
Finalmente, poco después de la 1 pm, los soldados cumpliron su promesa,
disparando contra la multitud de campesinos desarmados, que se enfrentaron a
piedra con los uniformados hasta las 5 pm. En estos hechos, también fue atacada
a tiros una misión humanitaria que buscaba documentar la crisis en el Catatumbo
y que está compuesta por “abogados, periodistas y 5 personas extranjeras que
realizan acompañamiento de protección”.
Pero no han sido los manifestantes los únicos perjudicados por la
brutalidad policial y los excesos militares, que ya dejan a más de 50 personas
heridas, a una veintena de detenidos y a 2 campesinos judicializados. Los
periodistas en la zona han sido constantemente fotografiados por los
uniformados, quienes además les han agredido físicamente y amenazado,
diciéndoles frases como “¡Si sigue grabando le rompemos las patas!”. Además, se ha documentado la presencia
de decenas de hombres de la Policía sin uniforme ni identificación alguna
participando en las refriegas o fotografiando a los comunicadores y a los
defensores de derechos humanos presentes en la zona.
Adicionalmente, conforme pasan los días aumenta la preocupación en
el Catatumbo por las detenciones de manifestantes y la posibilidad de
judicializaciones masivas. Dos campesinos que fueron detenidos denunciaron,
ante las cámaras de la Agencia Prensa Rural, que una vez llevados a la estación
de Policía fueron golpeados “a puño, pata y culata” al interior de esa guarnición y se han
multiplicado los casos de maltrato físico a personas de la región, lo que se
tipifica como tortura. Además, el líder campesino Pablo Téllez denunció que se
pretende judicializar a 8 líderes de Ascamcat, lo que puede propiciar más
enfrentamientos. Por ello, Jesús Antonio Sánchez, alcalde de Ocaña, pide que
haya una comision de verificación de derechos humanos con representantes de la
OEA, de la ONU, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del
Pueblo y de la diócesis de Tibú.
Para hoy en la mañana se tiene
programada una reunión entre el Gobierno Nacional y representantes de los
campesinos del Catatumbo. Sin embargo, dadas las acciones de la Fuerza Pública,
no se augura que de allí salgan respuestas definitivas a la crisis que se
presenta en esta región del nororiente colombiano y faltará ver la voluntad
política del gobierno para ofrecer salidas en una región en la que se han
concentrado gran parte de las acciones militares del Plan Colombia y resulta de
primera importancia para la minería y la extracción de petróleo.
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