Declaración VII Asamblea Dignidad Cafetera Mayo 20 de 2013 .

12 puntos aprobaron los cafeteros en la VII asamblea nacional de Dignidad Cafetera Nacional .

Cafeteros proponen Unidad por la Defensa del Agro

La VII Asamblea Nacional del Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera, reunida en la ciudad de Popayán, Cauca, con la presencia de delegaciones de 12 departamentos y una vez analizado el desarrollo de los acuerdos que permitieron el levantamiento del Paro Cívico Cafetero Nacional quiere hacer las siguientes consideraciones frente al gobierno nacional y la opinión pública:

1. Como señaló Dignidad Cafetera, en la declaración emitida al final de la V ronda de conversaciones con el gobierno nacional, está VII Asamblea se convoca ante los incumplimientos del gobierno nacional.

2. El gobierno nacional no cumplió con el acuerdo que al momento de venta del café se pagará el valor del PIC al caficultor y, tampoco, en el sentido de que llegue a todos los caficultores, creando un nuevo sistema que, como reconoció el gobierno nacional, no efectuó. Esta situación es gravísima para los caficultores más vulnerables, en especial para los del sur del país que, además, están recogiendo su cosecha central. 

3. Es claro que muchas oficinas del Banco Agrario no están cumpliendo con los programas de normalización de cartera cafetera, en parte por la falta de claridad y coherencia con lo pactado -en las circulares 032 y 033 del banco-; además, continúa la persecución a los caficultores para que se sometan a condiciones anteriores a la firma del acuerdo de la mesa de crédito y al cobro de intereses sobre intereses. 

4. También, el banco agrario, está negando la aplicación de parte de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno para normalizar muchos créditos de deudores anteriores a 2013 y que fueron excluidos de los beneficios acordados. Se niega el banco, también, a refinanciar a caficultores objeto de crédito en 2012 y a los que están mal calificados. Es claro que el banco está exigiendo el pago de intereses -para acceder a la normalización- cuando eso no fue lo pactado. 

5. Nada se ha adelantado, por parte del gobierno, para que la banca privada de solución al endeudamiento cafetero. No se conocen medidas de reprogramación de deudas por parte de la banca privada. 

6. En la mesa de insumos, el gobierno nacional, aparte de dar algunas explicaciones sobre el negocio, no propuso nada, ni en relación a la formulación de una política pública de control al precio de los insumos, ni en la rebaja de los mismos. 7. Ante el comportamiento del gobierno Dignidad Cafetera acordó proponerle al sector agrario nos unamos y adelantemos un proceso -con el gobierno nacional- para darle solución al problema de insumos y que, de no haber solución, promovamos una nueva movilización cafetera y agraria nacional. 

8. La VII Asamblea Nacional de Dignidad Cafetera acuerda, que una vez adelantadas las conversaciones con el gobierno, evaluaremos y consultaremos, con los gremios del sector agrario, las conversaciones y, si es necesario, emprenderemos una nueva movilización agraria nacional.

9. Dignidad Cafetera quiere reiterar ante el gobierno nacional nuestro desacuerdo con la entrega de territorios cafeteros, a grandes monopolios mineros, que destruyen el agro atentando contra el paisaje y producción cafetera.

10. Dignidad Cafetera reitera, así mismo, su desacuerdo con la presencia de Luis Genaro Muñoz en la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros.

11. Dignidad Cafetera convocará un Seminario Nacional que proponga una reforma a los estatutos de Federación de Cafeteros -de manera tal- que sean democráticos.

12. Finalmente, Dignidad Cafetera acoge la propuesta de los garantes, Gobernadora de Quindío y Gobernador de Cauca para realizar una reunión de urgencia con el gobierno nacional y demás garantes y que puedan participar en la evaluación de los acuerdos y en la mesa de insumos. 

Popayán, 20 de mayo de 2013VII Asamblea Nacional de Dignidad Cafetera

https://www.facebook.com/notes/movimiento-por-la-defensa-y-la-dignidad-de-los-cafeteros-colombianos/declaraci%C3%B3n-vii-asamblea-dignidad-cafetera-mayo-20-de-2013-/479085518831517

Funuvida, en el Fórum Pela Paz na Colombia 2013

Durante años hemos recorrido muchos lugares de Colombia, conociendo nuestra gente, nuestro pueblo, nuestras necesidades y la realidad de nuestro conflicto… Buscamos comprender que es lo que necesitamos para ser un país de equidad social.

En ese camino descubrimos que, la educación, la salud, la desigualdad, la inseguridad, la violencia, el desempleo y todos aquellos factores que afectan el desarrollo de nuestro pueblo son los verdaderos enemigos de la paz, los factores a cambiar para concretar el modelo de país en el que esperamos vivir… luego de entender nuestro conflicto, tratamos de recorrer los caminos correctos con la gente adecuada, con quienes tenemos un objetivo común La Paz con Justicia Social.

Así fue como llegamos el 24 de mayo de 2013 a Porto Alegre Brasil, asistimos con nuestra fundación al Fórum Pela Paz na Colombia y durante 3 días compartiremos las experiencias de los grupos y organizaciones sociales que trabajan incansablemente por lograr el tan anhelado objetivo.

Miembros de movimientos estudiantiles, sindicalistas, especialistas en derechos humanos y gestores de paz de Colombia, Latinoamérica y otros lugares del mundo, comparten sus experiencias en este evento que como su nombre lo expresa busca unir las grandes fuerzas por la paz en Colombia.

Aquí algunas fotos de las mesas expuestas durante el primer día de actividades.  

80% de violaciones a DD.HH. en 2011 fue en municipios mineros

Si bien es cierto que la distribución desigual de la tierra, la violencia histórica y la ausencia del estado han sido responsables de que la pobreza, eldesplazamiento y el conflicto se acentúen tremendamente en el campo, lapresencia de complejos mineros en los territorios colombianos puede hacer aún más difícil la vida de las comunidades rurales.

Así lo confirma el informe “Minería en Colombia”, que dio a conocer este lunes la Contraloría General de la República, y lo advirtió en 2009 la Corte Constitucional de la siguiente manera: “aparentemente, algunos actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comunidades actos de violencia que eliminen o desplacen, despejando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos”.

Según el documento, cuando la minería a gran escala se desarrolla en condiciones inadecuadas, se convierte en una de las principales causas de desplazamiento forzado y atenta contra varios derechos: “a la vida, a la paz, al trabajo en condiciones dignas, a la libre asociación, a la integridad física y familiar, a la salud, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano”, entre muchos otros.

Las cifras dejan ver este amargo panorama: Según Funtraenergética, en 2011, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Colombia se presentaron en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado provenía de estos municipios y de quienes reciben regalías por producción minero-energética, mientras el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes se cometieron en las áreas donde el agro y la pesca se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo.

Luis Jorge Garay, coordinador del informe, afirma que durante la investigación pudieron verificar la existencia de un cruce muy fuerte en zonas donde hay intereses de extracción minera y con historial de desplazamiento: “Por un lado hay un propósito nacional que busca restituir y reparar a las víctimas pero hay un conflicto con los intereses de los empresarios con expectativas mineras", explica.

Pero las lágrimas y la sangre no son las únicas que dejan estas actividades. Dice el informe de la Contraloría que aunque los departamentos con presencia minera se caracterizan por una mejoría en sectores de educación y salud financiados con recursos del Sistema General de Participación, también propicia actividades económicas especulativas que se agudizan por la ausencia de intervención del Estado. Esto a su vez facilita la presencia de actores armados y no armados que ejercen poder y control social de carácter ilegítimo en el territorio.

Además, dice la investigación, la presencia de complejos mineros en zonas rurales agrava los históricos problemas agrarios, pues si el campesino compite con la multinacional para tener acceso a la tierra y a otros recursos naturales como el agua, el primero, casi siempre, perderá ante el segundo. Es el caso de Cerrejón, Guajira, el área de mayor producción de carbón del país, que según un estudio que cita el informe, la población está en condiciones críticas de pobreza, y desde el punto de vista de la salud “los resultados presentan vulnerabilidad y baja cobertura efectiva de servicios con limitada respuesta institucional”.

La minería en tierras restituidas

Si bien la población desplazada goza de beneficios por parte de la ley, como la restitución de sus tierras, si se yuxtaponen los mapas de títulos mineros, licencias solicitadas y tierras restituidas (ver gráfico), los resultados son alarmantes: a julio de 2012, del área total para la restitución de tierras (1.776.495 hectáreas), el 4,53% ha sido objeto de otorgamiento de títulos mineros (80.468 hectáreas) y el 7,34% (130.431 hectáreas) presenta solicitudes mineras.
Palabras más, palabras menos, esto quiere decir que las áreas que algún día representaron una amenaza para comunidades desplazadas, fueron o están siendo ocupadas por la minería. Así las cosas, teniendo en cuenta la relación entre minería y conflicto, las garantías de no repetición de los episodios de violencia quedan en veremos.

De acuerdo a Fernando Vargas, uno de los autores del informe, los territorios que van a restituirse deberían ser territorios vetados para la intervención minera: “la población no va a tener oportunidad de gozar de sus bienes patrimoniales, se va a incrementar la presencia militar y la restitución sería sólo un mecanismo simbólico y no de justicia, como se espera que sea según la ley 1447”.

Minería y minorías

A principios de este año, un hecho histórico protegió a las comunidades del resguardo indígena del Alto Andagueda, en Chocó. Después de décadas de terror y desplazamiento, un juez de Tierras de Quibdó ordenó suspender todos los estudios y trámites de solicitudes de títulos mineros, además de los ya otorgados a seis empresas: Anglogold Ashanti, Capricornio, Exploraciones Chocó Colombia, Costa y Negocios Mineros.

Si el destierro al que han sido sometidos los Embera-Katio (la comunidad que habitada en esta zona del Chocó) propició la entrada de empresas mineras que incumplieron con requisitos exigidos por la Constitución, como la consulta previa, el juez determinó que las consecuencias de que las compañías continuaran en el territorio serían aún más dramáticas para la supervivencia física y cultural de los indígenas.

Este hecho tiene relación con uno de los puntos que trata el informe de la Contraloría: “la imposibilidad de realizar consultas previas, por la fuerza mayor inherente al desplazamiento o a las violaciones en contra de las comunidades étnicas, debe ser criterio necesario para que el Estado decida no iniciar actividades de exploración ni mucho menos otorgar licencias mineras o contratos de concesión minera en territorios afectados por expresiones de violencia asociada al conflicto armado interno en sentido amplio”. 

El documento concluye que el Gobierno debe ponderar entonces entre el criterio legal de utilidad pública de la explotación minera como actividad de carácter privado, y la pluralidad de intereses colectivos que la minería puede vulnerar en un contexto de violaciones a derechos humanos. Ello obliga al Estado a darle preponderancia a los segundos sobre la primera, toda vez que las normas de derecho público imperan sobre las de derecho privado.

Por: Redacción Vivir

Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios

El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebra su 20º aniversario en 2013. Fue proclamado oficialmente durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993.

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Desde entonces, se ha celebrado cada año el 3 de mayo, aniversario de la Declaración de Windhoek.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:

• Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;
• Evaluar la libertad de prensa;
• Defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y
• Rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales sigue siendo muy alta. En respuesta a este contexto general de la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2013 se centra en el tema: «Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios»; y hace foco en las cuestiones de seguridad de los periodistas, el combate a la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión y en asegurar una Internet libre y abierta como condición previa para la seguridad en línea.