La Habana, Cuba.
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para
Colombia.
Febrero 6 de 2013
Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso
territorial
Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el
que éste se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas
ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es
inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los
grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio
estructural de la violencia estatal y paramilitar, las FARC-EP proponen.
1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y
participativo del territorio. Referido al ordenamiento territorial fundamentado
en la más amplia democracia y participación social, para construir una sociedad
que supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos
alimentarios, estabilizar sus comunidades y realizar un manejo sostenible de su
entorno en busca del buen vivir de la población.
Proponemos, convocar un gran debate nacional acerca de la
reorganización espacial y territorial y de los impactos socioambientales que
viene imponiendo la explotación minero-energética. Abogamos además, por el
reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e
informada.
2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la
soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la
población. Se ha de fundamentar el uso de la tierra considerando su vocación
agroecológica, la sostenibilidad socioambiental y la garantía de la soberanía
alimentaria, lo cual implicará la actualización y definición precisa de las
zonas de reserva forestal y de parques naturales, la protección especial de las
fuentes de agua y su uso racional. En los procesos de sustracción de
territorios de zonas de reserva forestal se deberá favorecer a las comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El reordenamiento territorial debe conducir al desestímulo
de la ganadería extensiva, liberando no menos de 20 millones de hectáreas para
propósitos agrícolas. Se definirá el cierre de la frontera agrícola, aumento de
la producción alimentaria, frenar la deforestación y las actividades de
extracción minero-energética, especialmente la minería a cielo abierto.
Al respecto, se deberá crear un ente de amplia participación
y decisión popular encargado de trazar y establecer pautas generales de
ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, y los conflictos
que de él se deriven.
3. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y
protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles.
Reconocimiento del derecho humano al agua y definición de medidas de protección
especial o restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos,
de las cuencas, los páramos, humedales, fuentes y recursos hídricos en general,
así como de las zonas coralinas, entre otros. Abogamos por asuntos de interés
nacional como la suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas,
orientados a la exportación de energía, como el megaproyecto de El Quimbo.
4. Definición de territorios de producción agrícola y de
alimentos. En el marco del reordenamiento territorial colocamos como primordial
el propósito de la producción agrícola que garantice el abastecimiento
nutricional y alimentario de la población. Se propone el aumento de las áreas
efectivamente cultivadas, al menos a 20 millones de hectáreas y se reivindican
la economía campesina y sus territorios (Zonas de Reserva Campesina y Zonas de
producción campesina de alimentos) como principales productores y abastecedores
de alimentos que son.
Los territorios indígenas y afrodescendientes también deben
ser considerados territorios de producción de alimentos y ser estimulados con
programas específicos.
5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la
producción agrícola y de alimentos. El reordenamiento territorial debe
contemplar la construcción de nuevos asentamientos para la organización de la
producción de bienes agrícolas. Tales proyectos se harían en espacios aledaños
a los centros de consumo.
6. Recursos naturales no renovables en función del interés
nacional y del buen vivir de la población. El nuevo ordenamiento debe poner
freno a la expansión desordenada y anárquica de las economías
minero-energéticas y extractivistas, estableciendo prohibiciones, límites o
regulaciones estrictas, según el caso. Conlleva tomar medidas como la de
suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la
exploración y la extracción petrolera. Se debe derogar la Resolución 0045 de
junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la
gran minería una importante parte de la región amazónica y un alto porcentaje
de zonas de tradición y vocación agrícola.
7. Minería artesanal digna. Pequeña y mediana minería con
sostenibilidad socioambiental. Acompañamiento y protección de la minería
artesanal con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya
economía se concentra en esta ancestral actividad. Se deberán reconocer y
legalizar los títulos mineros que están en manos de pequeños y medianos
mineros.
8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de
coca y sustitución de cultivos de uso ilícito. Con el propósito de mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican
su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de
uso ilícito, se propone cesar la política de criminalización y persecución,
suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están
generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar
el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso
considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y
hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por
razones culturales.
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