NO AL PROGRESO IRRESPONSABLE
Por Nelson Lombana Silva .- PaCoCol
(Ibagué, mayo 23 de 2012) La comunidad de la inspección La Herrera, municipio de Rioblanco, Tolima, formula un llamado angustioso a las fuerzas militares acantonadas en la zona para que no los involucre en el conflicto social y armado que vive la región con intensidad. Bien es sabido por boca de los mismos comandantes que en la zona hay más de ocho mil soldados patrullando día y noche cometiendo arbitrariedades sobre todo a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH.
El intento por meter a la población civil al conflicto como “sapo”, “informante” o “colaborador” es permanente, señalan los campesinos, lo cual equivale a ser objetivo militar por parte de la insurgencia. En ese sentido le suplicamos a los militares cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH y los derechos Humanos, apuntan los campesinos consultados por la página web:www.pacocol.org.
Un campesino que pidió se omitiera su nombre hizo un relato descarnado de lo que viene sucediendo en la vasta región de la Herrera. A nombre de su comunidad pide al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón ejercer autoridad y hacer las obras directamente la gobernación o la alcaldía y no los militares como vienen diciendo.
Según el relato una comisión de “Colombia Responde” encabezada por el señor Wenceslao Villa hizo presencia en estos días afirmando que hacen parte del Plan Nacional de Consolidación del sur del Tolima. Dice que este plan fue creado en enero de este año para 51 municipios, entre ellos, Rioblanco, Planadas, Chaparral y Ataco. Señala que la misión es la consolidación que equivale a reconstruir el tejido social necesario en el territorio, reconstruir la economía, recuperar el equilibrio entre étnias, género y religiones. Además, garantizar la pavimentación de la carretera Rioblanco – La Herrera, para lo cual ya hay un presupuesto de 40 mil millones de pesos debidamente diligenciados.
Dice que somos privilegiados porque estamos dentro de los cuatro municipios donde se van a desarrollar obras de interés general, municipios golpeados por la presencia de la insurgencia armada durante más de 40 años. Son 413 veredas las que hacen parte del proyecto.
Señala el señor Villa, que tal proyecto está liderado por unidades militares adscritas a la sexta brigada con sede en Ibagué y unidades pertenecientes a la fuerza de tarea conjunta del sur del Tolima, con un promedio de 8 mil hombres y si fuese necesario más no habría problema alguno. Se construiría en la región cinco estaciones de policía, una de ellas en el perímetro urbano de esta inspección con la ayuda económica de isagen, gobernación y alcaldía.
Dicho funcionario reconoce a regañadientes que el principal problema es la marginalidad por parte del Estado, la delimitación política y la tarea central es tomar el control al ciento por ciento del orden público porque consideran el gobierno nacional y militar que aquella zona es considerada estratégica. Es decir, la preocupación es militar y no la compleja situación social y económica por la que diariamente transita esta comunidad alejada de la mano del gobierno central.
Así las cosas, al parecer el gobierno estaría apostándole al fortalecimiento de la administración pública, reinstalar la presencia del Estado, avanzar en la integración territorial, la construcción de vías e infraestructura, derechos humanos, pero no necesariamente pensando en la población campesina, sino en la presencia de multinacionales y transnacionales para hurtarse los recursos naturales, especialmente el agua.
La estructura del programa tiene varias fases: 1. Seguridad Social, esto equivale súper militarización; 2. Institucionalidad territorial, presencia del Estado, especialmente Fiscalía, agentes secretos; 3. Organizaciones Comunitarias, sumisas a los militares y al abandono del Estado; 4. Buen Gobierno, relaciones directas con los militares.
Según Villa, los programas priorizados tienen un capital garantizado de 71 mil millones de pesos, los cuales se gastarían de la siguiente manera: 1. Recuperación de territorio, o sea, militares + militares + militares; 2. Policía Nacional; 3. Incremento de la presencia del Estado en la zona; 4. Apoyo a la juventud y la adolescencia; 5. Fortalecer programas para la juventud de todo el sur del Tolima; 6. Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal en los cuatro municipios; 7. Ampliación de la cobertura con base a la política de Estado; 8. Ampliación de las vías secundarias; 9. Todo lo anterior es política de Estado basada fundamentalmente en la militarización.
Esta azarosa reunión se llevó a cabo el pasado 12 de mayo, en el perímetro urbano de este corregimiento, comenzando a las diez de la mañana y terminando a las 2:30 de la tarde. Se hicieron presentes entre otros: Una delegada de “Colombia Responde” llamada Leydi Calderón, quien dice tener su oficina en el comité de cafeteros de Rioblanco, ella se presenta como un enlace entre comunidad y Estado; también se hizo presente un señor llamado Juan de la Cruz, quien nos dio como dirección el segundo piso de la gobernación del Tolima, donde además se encontraría con Germán Arroyabe, Carolina Quintero que es de estadística y el gerente de nombre Ramón Giraldo.
Estuvo presente en la reunión los militares, interviniendo el teniente – coronel Juan Mesa. Dijo el militar que ellos iban a estar pendientes de estos proyectos para que se realizaran, para que salieran delante de la mano con las comunidades. Que esto era desarrollo para las comunidades, que si se necesitaban más militares, más militares llegarían a la zona, siempre que la comunidad estuviera de acuerdo. Nos mostraron dos gráficas, en una se miraba la violencia de junio de 2011 y en la otra de julio de 2012, zona amarilla zona controlada por el ejército nacional. Según los militares en esta zona se puede trabajar sin ningún contratiempo.
Nos hablaron de la vía al pacífico. Además, salir por allí a la hermana república bolivariana de Venezuela, con el fin de abrir el tenebroso Tratado de Libre Comercio, TLC. Todas esas obras serían desarrolladas por el batallón de Ingenieros.
Para el campesino entrevistado esta es una trampa del gobierno nacional porque en realidad lo que propone es militarización y eso implica represión y terrorismo de Estado. La seguridad no es para la comunidad, ésta es para las multinacionales y transnacionales que vienen por nuestros recursos naturales. “A otro perro con ese hueso”, termina diciendo el campesino, invitando a la comunidad a resistir y a la unidad de acción para defender los recursos naturales y evitar que vengan y se los lleven sin pagar, es decir, robados.
Un campesino que pidió se omitiera su nombre hizo un relato descarnado de lo que viene sucediendo en la vasta región de la Herrera. A nombre de su comunidad pide al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón ejercer autoridad y hacer las obras directamente la gobernación o la alcaldía y no los militares como vienen diciendo.
Según el relato una comisión de “Colombia Responde” encabezada por el señor Wenceslao Villa hizo presencia en estos días afirmando que hacen parte del Plan Nacional de Consolidación del sur del Tolima. Dice que este plan fue creado en enero de este año para 51 municipios, entre ellos, Rioblanco, Planadas, Chaparral y Ataco. Señala que la misión es la consolidación que equivale a reconstruir el tejido social necesario en el territorio, reconstruir la economía, recuperar el equilibrio entre étnias, género y religiones. Además, garantizar la pavimentación de la carretera Rioblanco – La Herrera, para lo cual ya hay un presupuesto de 40 mil millones de pesos debidamente diligenciados.
Dice que somos privilegiados porque estamos dentro de los cuatro municipios donde se van a desarrollar obras de interés general, municipios golpeados por la presencia de la insurgencia armada durante más de 40 años. Son 413 veredas las que hacen parte del proyecto.
Señala el señor Villa, que tal proyecto está liderado por unidades militares adscritas a la sexta brigada con sede en Ibagué y unidades pertenecientes a la fuerza de tarea conjunta del sur del Tolima, con un promedio de 8 mil hombres y si fuese necesario más no habría problema alguno. Se construiría en la región cinco estaciones de policía, una de ellas en el perímetro urbano de esta inspección con la ayuda económica de isagen, gobernación y alcaldía.
Dicho funcionario reconoce a regañadientes que el principal problema es la marginalidad por parte del Estado, la delimitación política y la tarea central es tomar el control al ciento por ciento del orden público porque consideran el gobierno nacional y militar que aquella zona es considerada estratégica. Es decir, la preocupación es militar y no la compleja situación social y económica por la que diariamente transita esta comunidad alejada de la mano del gobierno central.
Así las cosas, al parecer el gobierno estaría apostándole al fortalecimiento de la administración pública, reinstalar la presencia del Estado, avanzar en la integración territorial, la construcción de vías e infraestructura, derechos humanos, pero no necesariamente pensando en la población campesina, sino en la presencia de multinacionales y transnacionales para hurtarse los recursos naturales, especialmente el agua.
La estructura del programa tiene varias fases: 1. Seguridad Social, esto equivale súper militarización; 2. Institucionalidad territorial, presencia del Estado, especialmente Fiscalía, agentes secretos; 3. Organizaciones Comunitarias, sumisas a los militares y al abandono del Estado; 4. Buen Gobierno, relaciones directas con los militares.
Según Villa, los programas priorizados tienen un capital garantizado de 71 mil millones de pesos, los cuales se gastarían de la siguiente manera: 1. Recuperación de territorio, o sea, militares + militares + militares; 2. Policía Nacional; 3. Incremento de la presencia del Estado en la zona; 4. Apoyo a la juventud y la adolescencia; 5. Fortalecer programas para la juventud de todo el sur del Tolima; 6. Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal en los cuatro municipios; 7. Ampliación de la cobertura con base a la política de Estado; 8. Ampliación de las vías secundarias; 9. Todo lo anterior es política de Estado basada fundamentalmente en la militarización.
Esta azarosa reunión se llevó a cabo el pasado 12 de mayo, en el perímetro urbano de este corregimiento, comenzando a las diez de la mañana y terminando a las 2:30 de la tarde. Se hicieron presentes entre otros: Una delegada de “Colombia Responde” llamada Leydi Calderón, quien dice tener su oficina en el comité de cafeteros de Rioblanco, ella se presenta como un enlace entre comunidad y Estado; también se hizo presente un señor llamado Juan de la Cruz, quien nos dio como dirección el segundo piso de la gobernación del Tolima, donde además se encontraría con Germán Arroyabe, Carolina Quintero que es de estadística y el gerente de nombre Ramón Giraldo.
Estuvo presente en la reunión los militares, interviniendo el teniente – coronel Juan Mesa. Dijo el militar que ellos iban a estar pendientes de estos proyectos para que se realizaran, para que salieran delante de la mano con las comunidades. Que esto era desarrollo para las comunidades, que si se necesitaban más militares, más militares llegarían a la zona, siempre que la comunidad estuviera de acuerdo. Nos mostraron dos gráficas, en una se miraba la violencia de junio de 2011 y en la otra de julio de 2012, zona amarilla zona controlada por el ejército nacional. Según los militares en esta zona se puede trabajar sin ningún contratiempo.
Nos hablaron de la vía al pacífico. Además, salir por allí a la hermana república bolivariana de Venezuela, con el fin de abrir el tenebroso Tratado de Libre Comercio, TLC. Todas esas obras serían desarrolladas por el batallón de Ingenieros.
Para el campesino entrevistado esta es una trampa del gobierno nacional porque en realidad lo que propone es militarización y eso implica represión y terrorismo de Estado. La seguridad no es para la comunidad, ésta es para las multinacionales y transnacionales que vienen por nuestros recursos naturales. “A otro perro con ese hueso”, termina diciendo el campesino, invitando a la comunidad a resistir y a la unidad de acción para defender los recursos naturales y evitar que vengan y se los lleven sin pagar, es decir, robados.
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