Leonel Jácome y Édinson Franco fueron asesinados en Ocaña (Norte
de Santander), y otros 8 campesinos resultaron heridos de bala, el pasado
sábado 22 de junio, a causa de los disparos de fusil con los que el Ejército
Nacional arremetió contra la manifestación campesina que se encontraba en
cercanías del aeropuerto de ese municipio.
Los asesinatos se enmarcan en las
protestas que, durante dos semanas, han protagonizado más de 4.600 habitantes
de Tibú en contra de las políticas del alcalde Gustavo León Becerra y de la
movilización de más de 7.000 campesinos del Catatumbo –región ubicada al
noreste del departamento y que comprende zonas rurales de los municipios de El
Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Tibú– que exigen,
entre otros asuntos, la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de
cultivos de coca, la ejecución de un programa de sustitución gradual y
concertada, y la declaración inmediata de la zona de reserva campesina del
Catatumbo.
Tragedia anunciada puede continuar
Desde hace dos semanas se han
realizado dos protestas en Norte de Santander que pueden parecer la misma pero
no lo son. En la primera, iniciada el 8 de junio, los habitantes del casco
urbano de Tibú vienen bloqueando las vías que comunican el municipio con Cúcuta
y Ocaña, mientras en la segunda, surgida apenas 3 días después, la protesta
campesina se ha concentrado en la vía hacia Ocaña por el incumplimiento
reiterado del gobierno en los temas concertados en la Mesa de Interlocución y
Acuerdo.
Las protestas alcanzaron tal
punto que, el pasado miércoles 19 de junio, el Gobierno Nacional envió a la
región una comisión de alto nivel a dialogar con los manifestantes, que incluía
al ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán; a la gerente del Incoder,
Miriam Villegas; y al gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Sin
embargo, a la hora de buscar acuerdos para solucionar la crisis que se presenta
en esta región, extremadamente rica en recursos minerales y petroleros, la
exigencia de los representantes del Estado para que estuvieran presentes los
generales Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Vulcano’
del Ejército, y Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la
Policía, llevó a que los campesinos se levantaran de la mesa, pues, según la
Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), en más de 4 años de trabajo en
la Mesa de Interlocución y Acuerdo nunca se hizo necesaria la presencia de
representantes de la Fuerza Pública y que ahora esa presencia resultaba en un
factor de tensión por los excesos de fuerza, detenciones arbitrarias, torturas,
saqueos y otras violaciones de derechos humanos que los uniformados vienen
cometiendo en la zona para reprimir la protesta de las comunidades.
Como resultado de la negativa de
los campesinos a aceptar las condiciones que les imponía el gobierno, siguieron
los bloqueos y las protestas. Por su parte, el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(Esmad) de la Policía Nacional continuó lanzando –incluso desde helicópteros–
gases lacrimógenos, balas de goma, granadas de dispersión y explosivos hechizos
en contra de los manifestantes, de acuerdo con el registro en terreno de
distintos periodistas, generando graves lesiones a varios campesinos, incluída
la mutilación de una mano de uno de los labriegos y un pie de otro, y a 2 de
los 6 uniformados que han resultado heridos en los ya 16 días de tensión en el
Catatumbo, según informan testigos.
El viernes, durante una ceremonia de ascensos en la escuela de
oficiales de la Policía, el presidente Santos señaló que las protestas en el
Catatumbo están “infiltradas por la guerrilla” y ordenó el envío de refuerzos de
Ejército y Polícía a la zona para que “mantengan el orden [...] la Fuerza Pública seguirá actuando en
todo el territorio nacional con toda la contundencia, sin descansar un solo
minuto”.
Ante este anuncio, el sábado los
campesinos decidieron tomarse pacíficamente el aeropueto de Ocaña, donde están
desembarcando los uniformados, para así evitar que un aumento del pie de fuerza
resultara en nuevas agresiones en su contra. Allí, hacia las 11 am, fueron
recibidos por miembros del Ejército, que les advirieron que abrirían fuego en
su contra si llegaban a acercarse al cercado perimetral del aeródromo.
Finalmente, poco después de la 1 pm, los soldados cumpliron su promesa,
disparando contra la multitud de campesinos desarmados, que se enfrentaron a
piedra con los uniformados hasta las 5 pm. En estos hechos, también fue atacada
a tiros una misión humanitaria que buscaba documentar la crisis en el Catatumbo
y que está compuesta por “abogados, periodistas y 5 personas extranjeras que
realizan acompañamiento de protección”.
Pero no han sido los manifestantes los únicos perjudicados por la
brutalidad policial y los excesos militares, que ya dejan a más de 50 personas
heridas, a una veintena de detenidos y a 2 campesinos judicializados. Los
periodistas en la zona han sido constantemente fotografiados por los
uniformados, quienes además les han agredido físicamente y amenazado,
diciéndoles frases como “¡Si sigue grabando le rompemos las patas!”. Además, se ha documentado la presencia
de decenas de hombres de la Policía sin uniforme ni identificación alguna
participando en las refriegas o fotografiando a los comunicadores y a los
defensores de derechos humanos presentes en la zona.
Adicionalmente, conforme pasan los días aumenta la preocupación en
el Catatumbo por las detenciones de manifestantes y la posibilidad de
judicializaciones masivas. Dos campesinos que fueron detenidos denunciaron,
ante las cámaras de la Agencia Prensa Rural, que una vez llevados a la estación
de Policía fueron golpeados “a puño, pata y culata” al interior de esa guarnición y se han
multiplicado los casos de maltrato físico a personas de la región, lo que se
tipifica como tortura. Además, el líder campesino Pablo Téllez denunció que se
pretende judicializar a 8 líderes de Ascamcat, lo que puede propiciar más
enfrentamientos. Por ello, Jesús Antonio Sánchez, alcalde de Ocaña, pide que
haya una comision de verificación de derechos humanos con representantes de la
OEA, de la ONU, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del
Pueblo y de la diócesis de Tibú.
Para hoy en la mañana se tiene
programada una reunión entre el Gobierno Nacional y representantes de los
campesinos del Catatumbo. Sin embargo, dadas las acciones de la Fuerza Pública,
no se augura que de allí salgan respuestas definitivas a la crisis que se
presenta en esta región del nororiente colombiano y faltará ver la voluntad
política del gobierno para ofrecer salidas en una región en la que se han
concentrado gran parte de las acciones militares del Plan Colombia y resulta de
primera importancia para la minería y la extracción de petróleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario