Esta imagen en la vereda El Cuatro refleja el descontento de 4.800 labriegos en Tibú y 6.000 más en Ocaña.
Detrás de los bloqueos y enfrentamientos con la Policía en Norte de Santander hay viejas reivindicaciones
campesinas que no han sido atendidas por el Estado.
Foto: Daniel Reina Romero / Semana
De Ocaña a Tibú, los campesinos de una
de las regiones más sufridas del país llevan dos semanas de protestas.
El pasado miércoles no era festivo ni jugaba la
Selección Colombia de fútbol, pero la mayoría de los habitantes de Tibú salió a
las calles con la camiseta tricolor. Pensaban que sería el primer día de
respiro y de soluciones desde que un volcán de manifestaciones campesinas entró
en erupción el pasado 11 de junio.
Los días previos habían sido un caos. El casco
urbano de esta población petrolera de 19.000 habitantes estaba bloqueado por
tierra y aislado de Cúcuta, con el consecuente desabastecimiento de víveres, y
el comercio y transporte suspendidos. Los manifestantes incendiaron la fachada
de la casa del alcalde y la Fiscalía y acusaron al Escuadrón Móvil
Antidisturbios de la Policía (Esmad) de brutalidad, mientras el Ejército
hablaba de “infiltración guerrillera” en la protesta.
Lo que los campesinos denominan como “erradicación
no concertada de cultivos de coca”, que el Ejército inició manualmente en la
parte alta de la zona rural del municipio a comienzos de junio, fue el
detonante. Las protestas de los campesinos, que pusieron retenes en los accesos
a Tibú y Ocaña, cobraron tal fuerza que el gobierno nacional, con el ministro
de Agricultura a la cabeza, llegó ese miércoles a Tibú para tratar de concertar
acuerdos que apagaran parte del incendio. Pero todo acabó peor.
El ministro, Francisco Estupiñán, la gerente del
Incoder, Miriam Villegas, y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, se
preparaban para exponer sus programas para convencer a los campesinos de que el
camino es sustituir la siembra de cultivos ilícitos, la causa de todas las
tragedias en esta región desde que las Farc regaron de coca estos campos en
1981.
Otro tema en discusión, el más importante para los
campesinos, era la declaratoria de un amplio territorio del Catatumbo como Zona
de Reserva Campesina, una figura que busca entregar a campesinos de escasos
recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando debidamente.
Doscientos miembros de la Asociación Campesina del
Catatumbo (Ascamcat), agrupados para la reunión, plantearon de entrada que no
estaban de acuerdo con la presencia de los generales Rodolfo Palomino, director
de Seguridad Ciudadana de la Policía, y Marcolino Tamayo, comandante de la
Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército.
“Desde 2009, cuando creamos la Mesa, no se han
sentado militares cuando hemos hablado con el gobierno”, dijeron. El gobierno
insistió en que estuvieran presentes los uniformados y los 200 labriegos se
marcharon sin que la reunión empezara. Los 4.800 labriegos que bloqueaban Tibú
y 6.000 más, que se les habían sumado tres días antes en Ocaña, decidieron
seguir adelante con su protesta.
Garrotera en La Cuatro
Una medida de la indignación campesina es el
bloqueo en la vereda La Cuatro, a cuatro kilómetros de Tibú. Detrás de algún
carro incinerado, árboles talados se atraviesan en la vía hacia Cúcuta, junto a
largos palos de madera y llantas quemadas. Al frente de la protesta aparecen,
encapuchados, los campesinos de Ascamcat.
Para recuperar las vías tomadas, de Bogotá llegó el
Esmad. El sábado 15 de junio, un intento por abrir paso a la vía terminó en un
enfrentamiento de siete horas y dio paso a graves denuncias de parte y parte.
“Vi cómo los policías se robaban televisores, consumían licor en plena refriega
y hasta dispararon armas de fuego, no a nuestros hombres, sino al aire, para
intimidarnos”, explica Olmer, uno de los manifestantes. Por su parte, las
autoridades alegan que la protesta está infiltrada por el frente 33 de las
Farc, que tiene amplia presencia en la zona y, en especial, en las áreas
cocaleras.
Juan Carlos Quintero es el vicepresidente de
Ascamcat, tiene 28 años y dice que llegó hace 15 a esta región de
Villavicencio, y en la región lo ven como una versión local de Robin Hood. “Uno
no puede hacer una protesta porque lo estigmatizan de guerrillero. Mire el paro
de cafeteros, donde no hubo presencia de la guerrilla. El 25 de febrero de 2012
fue declarado el Catatumbo como zona minero-estratégica, una oferta de demanda
para la empresa multinacional que tenga más capacidad de explotación”, le dijo
a SEMANA.
En su morral carga un documento de 546 páginas, que
se titula ‘Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la Zona de
Reserva Campesina del Catatumbo’. Dice que fue financiado por el mismo
gobierno, que fue el producto de ideas de los campesinos en 2009 y que es la
propuesta para dejar atrás los cultivos ilícitos. Dice que aplicarlo
beneficiaría a 200.000 campesinos a un costo de 576.000 millones de pesos. “No
pueden decir que no tenemos propuestas”.
Pero el debate reivindicativo pasó a segundo plano
por los reiterados choques entre la Policía y los manifestantes y las
acusaciones mutuas. El general Palomino, enviado a Tibú el martes 18, respondió
a los señalamientos sobre presuntos abusos del Esmad provenientes de Tibú,
Ocaña y Convención.
“Estamos abiertos a atender si hay algún grado de
insatisfacción. Es poco creíble lo que los campesinos señalan”. Sobre el
enfrentamiento de la vereda La Cuatro, dijo que los campesinos habrían usado
canecas molotov. “Traer a manifestantes a manipular explosivos ha causado más
daño a ellos mismos que a los policías”.
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